Hoy por hoy miro a mi alrededor y me pregunto por qué determinados sectores están en manos privadas, hecho que me lleva a elaborar una serie de propuestas viables que a mi juicio redundarían en un mayor nivel y calidad de vida para los ciudadanos:
- Nacionalización del sector eléctrico. Dado que las tarifas eléctricas están reguladas por el gobierno, y dada la naturaleza del sector en el cual las mismas compañías que prestan estos servicios obtienen beneficios, ¿por qué es necesario que sean privadas? Unifiquemos el sector de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica en una única compañía de modo que el beneficio actual de estas compañías sea repercutido en un recorte de las tarifas.
- Nacionalización del sector carburantes. Yo era de los que esperaba ansioso la liberalización total de este sector, pero la realidad me ha desengañado una vez más. Tal y como he comentado en blogs anteriores, la actual situación de oligopolio y acuerdos de precios del sector me parece aberrante para los consumidores. Nacionalicemos las actividades de marketing de Repsol y Cepsa en una compañía estatal sin ánimo de lucro de forma que el beneficio que actualmente tienen estas empresas en dicha área pase a suponer un descuento contante y sonante en el bolsillo de todos los ciudadanos. El gobierno mantendría su capacidad recaudatoria, los puestos de trabajo seguirían intactos y nosotros tendríamos un aumento importante en nuestra renta disponible. Claro está todo esto a base de que los directivos y accionistas de estas compañías dejaran de vivir como lo hacen. Además se hace fundamental la implantación del biodiésel como carburante para todos los vehículos de gasóleo en defensa de un desarrollo sostenible.
- Nacionalización de las autopistas. Las carreteras son un bien de titularidad pública que además, al menos en teoría, financiamos con los impuestos sobre los carburantes. ¿Cómo se hace necesaria entonces la entrada del capital privado en este sector? Pues por una mala gestión de los impuestos ni más ni menos. Convertir las autopistas de peaje rentabilizadas en bienes públicos de forma inmediata, y reducir los peajes de las no rentabilizadas hasta el mínimo necesario para que el umbral de rentabilidad coincida con la extinción de la concesión, supondría un aumento en la renta disponible de los conductores, una reducción de la siniestralidad en las carreteras y un estímulo al intercambio económico. Ganamos todos para que pierdan las concesionarias, lo considero una buena idea.
- Intervención en el mercado de la construcción. No veo el sentido de la participación del sector privado en la obra pública cuando el beneficio podría ser retroalimentado a través de consorcios públicos. Lo mismo sucede con la construcción de vivienda, donde todo el mundo gana a base de exprimir al comprador. ¿Por qué no puede el estado quedarse con todo ese beneficio? Con una estructura distinta quizás no fueran necesarias ideas estúpidas como las de viviendas VPO de 30 m2.
- Reorganización de las cajas de ahorros. Estas supuestas entidades sin ánimo de lucro, tienen la regulación de cara para poder comprar y comportarse como bancos, y encima utilizar como reclamo publicitario su obra social. Menos las catalanas (le pese a quien le pese) el resto de cajas españolas se definen en su gran mayoría por su ejército de trabajadores funcionariados, su nefasta gama de productos y servicios y su pésima gestión. Las cajas tienen que demostrar su función pública y empezar por eliminar el cobro de comisiones, eso es obra social.
- Nacionalización de la telefonía básica. Pagarle 13€ mensuales a Telefónica por una línea telefónica no es mantener la red, es por decreto gubernamental alimentar la exhorbitante capacidad de caja de una compañía privada. Al estilo de la Red Eléctrica Española, la amortizada red de telefonía básica debería de estar mantenida por una empresa pública de forma que las cuotas de abono se destinasen únicamente a cubrir los costes de mantenimiento. Incluso este coste debiera de ser soportado por las empresas que prestan servicios de voz y repercutido en las tarifas de las llamadas de forma que la telefonía se convirtiese en una auténtico bien de naturaleza universal y gratuita.